Entre 1935 y 1937, se construyó el muelle Virgen del Pino, también conocido como muelle frutero, al sur del muelle de Santa Catalina. Para su construcción se utilizo materiales provenientes del desmonte del Castillo de Santa Catalina. Este muelle estaba destinado principalmente al tráfico de frutas y productos pesqueros, siendo una infraestructura clave para la exportación agrícola de la isla.

A finales de los años 40, el régimen franquista ordenó la ocupación del muelle Virgen del Pino por “circunstancias de orden militar”: el Ministerio de Marina envió un «radio urgente» a la Comandancia Naval de Canarias, ordenándole ocupar «por circunstancias de orden militar el muelle y la explanada Virgen del Pino». Una superficie entonces de 15.000 metros cuadrados, propiedad de la Junta de Obras del Puerto y que se utilizaba para la exportación de fruta y el tráfico pesquero.

En 1949, la Base Naval de Canarias comenzó a operar oficialmente en este emplazamiento, por lo que en 2024 se cumplieron 75 años de la presencia de la Armada en el centro de Las Palmas de Gran Canaria.

El régimen franquista pretendía instalar en la zona una base de hidroaviones y fuerzas navales. Pese a que se pactó una compensación de siete millones de pesetas a la Junta de Obras del Puerto por la expropiación, el pago nunca se efectuó.

El debate sobre la recuperación de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano ha sido una constante en la agenda política y social de la ciudad durante décadas.

A lo largo de los años, diversas instituciones han manifestado su interés en recuperar este espacio para la ciudad. En 2004, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó por unanimidad una declaración institucional solicitando el traslado de la Base Naval. Posteriormente, en 2005, la Autoridad Portuaria encargó un informe jurídico que cuestionaba la legalidad de la ocupación militar y proponía acciones para su recuperación. Sin embargo, estos esfuerzos no se tradujeron en acciones concretas debido a la falta de consenso y a las prioridades cambiantes de las administraciones locales. 

El debate resurgió en 2016 cuando el Ayuntamiento instó a crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria para negociar la devolución del espacio. Se argumentaba que la Base Naval, con más de 15.000 metros cuadrados, obstaculizaba el desarrollo urbano y el acceso al mar. A pesar de la aprobación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para estudiar alternativas, el Ministerio de Defensa reiteró su negativa a abandonar el enclave, citando su importancia estratégica. 

En 2024, con motivo del 75 aniversario de la Base Naval, el debate volvió a la palestra. La Autoridad Portuaria expresó dudas sobre el interés institucional real para recuperar el espacio, mientras que el Ayuntamiento y otros actores locales reiteraron la necesidad de abrir un proceso negociador con el Ministerio de Defensa. Se propusieron posibles ubicaciones alternativas para la base, como La Esfinge, Gando o La Isleta, aunque estas opciones fueron rechazadas por Defensa al considerar que no cumplían con los requisitos operativos necesarios. 

El futuro de la Base Naval sigue siendo incierto. Mientras las instituciones locales y la ciudadanía abogan por su recuperación para uso público, el Ministerio de Defensa mantiene su posición sobre la necesidad estratégica del enclave. La falta de consenso y las dificultades para encontrar una ubicación alternativa adecuada han impedido avances significativos. No obstante, el debate continúa siendo un tema relevante en la agenda política y social de Las Palmas de Gran Canaria.

En este 2025, y mediante una decisión sumamente controvertida, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, ha aprobado recientemente conceder la Medalla de Oro de la ciudad a la Base Naval, en conmemoración de sus 75 años de presencia en el centro urbano. Esta medida ha provocado una notable división entre los grupos políticos del consistorio, generando un intenso debate sobre el papel y la ubicación actual de la instalación militar.

Fotos: Archivo FEDAC. Colección Juan Adolfo Álvarez.