Hace unas semanas, las aguas del archipiélago canario sorprendieron con la aparición de una criatura abisal: el diablo negro (Melanocetus johnsonii). Su avistamiento es inusual y nos recuerda una realidad inquietante: el desconocimiento casi absoluto que aún tenemos de las profundidades marinas.

Una buena parte de este inmenso espacio inexplorado está especialmente protegido por el derecho internacional desde la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, hoy está en el punto de mira de la industria minera, en una nueva fiebre del oro que amenaza con alterar de forma irreversible ecosistemas únicos.

La batalla por el fondo marino

El reconocimiento de los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad comenzó en 1967, cuando el embajador de Malta, Arvid Pardo, alertó en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el riesgo de que los avances tecnológicos permitieran a unas pocas naciones apropiarse de estos recursos, en detrimento del resto. Sustentando su discurso en argumentos sobre redistribución de la riqueza y justicia social, propuso una gestión basada en la equidad y el beneficio común.

Su intervención sentó las bases para la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982 y considerada la constitución de los océanos. En su parte XI, esta convención establece que los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional –la llamada “zona internacional”– no pueden ser propiedad de ningún Estado o empresa y deben ser gestionados en beneficio de la humanidad.

Para ello, se creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, a quien se le encargó regular y gestionar la exploración y explotación de los recursos del lecho marino.

Minerales estratégicos

El interés por la minería en aguas profundas se debe a la abundancia de minerales estratégicos como níquel, cobalto y tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías y tecnologías clave en la transición energética.

Pero la minería submarina plantea graves riesgos ecológicos. Estudios recientes advierten que podría destruir ecosistemas únicos, liberar sedimentos tóxicos y afectar a especies aún no descubiertas. La II Evaluación Mundial de los Océanos alerta sobre el impacto de estas actividades en la estabilidad de los ecosistemas marinos y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

A pesar de estas advertencias, la presión sobre la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para acelerar la concesión de licencias sigue en aumento.

Proteger los ecosistemas de riesgos irreversibles

Si bien la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene la función de gestionar la minería en la zona internacional, no se puede concebir que el cumplimiento de esta función en un espacio protegido se haga sin medidas eficaces de preservación.

El marco normativo ha ido incorporando herramientas de protección como evaluaciones de impacto, planes de gestión y programas de vigilancia con un enfoque preventivo. También alude con frecuencia al principio de precaución, que obliga a actuar con cautela ante la incertidumbre científica de los efectos de la minería submarina.

Sin embargo, ante la inminente concesión de las primeras licencias de explotación, el desafío sigue siendo garantizar que estas medidas no se limiten a mitigar daños. Es imprescindible establecer un verdadero equilibrio entre desarrollo y conservación. Cualquier actividad en la zona internacional debe seguir criterios ambientales sólidos y representar un beneficio real para la humanidad.

Es clave que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos refuerce su papel como guardiana del patrimonio común de la humanidad. Su regulación debe preservar de manera efectiva la integridad de los ecosistemas marinos y, si es preciso, renunciar a aquellas actividades que impliquen riesgos irreversibles. La credibilidad del sistema depende de que la protección ambiental no sea un añadido, sino el eje central de su gobernanza.

Un desafío global para el futuro de los océanos

El reconocimiento de los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad es uno de los mayores logros del derecho internacional. Sin embargo, su eficacia dependerá de la capacidad de la comunidad internacional para diseñar un marco normativo que garantice su protección de manera efectiva y asegure su cumplimiento.

El reto es claro: avanzar hacia una gobernanza ambiciosa que permita la exploración y la explotación de estos recursos sin comprometer la riqueza biológica de los océanos ni privar a las futuras generaciones de sus beneficios.

Frente al riesgo de que la declaración de patrimonio común quede reducida a una aspiración sin impacto real, es preciso consolidar los avances logrados y convertir la gestión responsable de los fondos marinos en un ejemplo.

El diablo negro emergió por un instante del abismo para recordarnos que el océano guarda secretos que aún no entendemos.

¿Estará la Autoridad Internacional de los Fondos marinos a la altura de los retos que se le plantean? El tiempo se agota. La pregunta es simple: ¿qué legado dejaremos en las profundidades del océano?

Ana María Aldaz Casanova, Profesora Derecho Internacional Público y RR II, Universidad de Murcia

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.