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Las Canteras y las zonas aledañas están sufriendo un proceso de degradación debido a la mercantilización turística del espacio público y a la falta de respeto a la normativa legal, principalmente por los abusos en la ocupación del suelo público con terrazas que incumplen las regulaciones legales.

Muchos de esos negocios de restauración están en manos de ‘recién llegados’ que anteponen su codicia al respeto por la sostenibilidad ambiental y los derechos de accesibilidad y convivencia de vecinos y usuarios de las zonas peatonales, así como a la salud pública en lo que respecta a la gestión de residuos.

La joya de la ciudad, la playa de Las Canteras, y sus alrededores se degradan debido a la actitud depredadora de empresarios turísticos que atentan contra la naturaleza y el patrimonio público de todos.

Lo más preocupante es que muchos de estos empresarios son extranjeros recién llegados al negocio, y cuentan con la inacción de las autoridades y funcionarios frente a la degradación de la playa y sus alrededores. Todo esto ocurre en nombre de un malinterpretado concepto de la economía turística.

Basta con un par de ejemplos. En la calle Olof Palme, entre el paseo de Las Canteras y la calle Portugal, hay cinco restaurantes abiertos, cuyos propietarios son: uno de origen magrebí, otro chino, otro cubano y dos italianos. En el paseo entre las calles Gravina y El Cid, hay cuatro negocios de restauración, todos propiedad de una misma persona de origen italiano. En la zona peatonal de la plaza de Farray, hay cinco negocios de restauración, uno cuyo dueño es de origen cubano, otro cuyo propietario es chino, y tres pertenecientes a un empresario de origen árabe, que además tiene dos negocios más en el paseo de la Playa Chica, todos ellos con el mismo nombre.

Podría parecer un comentario xenófobo, pero no lo es. Es el orgullo y el amor propio lo que dicta el tono de este comentario. El canario, con sus impuestos, pagó la expropiación del paseo, las plazas y las calles peatonales. Pagó las indemnizaciones por las expropiaciones, financió las obras de reforma, costeó a su propio abogado para litigar por el justo precio ante las injusticias de las administraciones, sufragó los servicios jurídicos de la administración en los litigios por el justo precio, y sigue cubriendo el mantenimiento de estos espacios públicos. Ahora, con la globalización, llegan extranjeros con fondos de origen incierto y adoptan actitudes fraudulentas que contravienen la normativa legal, dañando el orgullo y el amor propio de quienes aquí hemos forjado nuestra historia, nuestro arraigo medioambiental, nuestro afecto por los vecinos y nuestro amor por nuestra tierra.

Sobre las terrazas y la normativa incumplida

Se incumple la normativa que establece que las terrazas deben situarse delante de las fachadas, dejando una separación de al menos 2 metros entre la terraza y las puertas de acceso a las viviendas vecinas. Además, deben exhibir al público una copia del permiso municipal de las terrazas y una placa identificativa con el rótulo «Bc» (bar cafetería) o «R» (restaurante). También deben cumplir con la normativa de evacuación de gases «tóxicos» de las cocinas, separar el mobiliario de las terrazas al menos 2 metros de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida al paseo, mantener las sombrillas a una altura del suelo de 2.20 metros, disponer de un aseo exclusivo para el personal del negocio, y contar con un cubo de basura propio e identificado, evitando tirar la basura en la calle o en los contenedores vecinales. Son numerosas las infracciones cometidas, tipificadas en la normativa como leves, graves y muy graves.

Infracciones con sanciones debidamente tipificadas en la normativa según su gravedad. Sin embargo, los políticos y funcionarios responsables, a quienes pagamos con nuestros impuestos, no hacen respetar estas normativas, lo que perjudica al medio ambiente y a los derechos de los vecinos y usuarios de estos espacios públicos.

Estos ocupantes del espacio público se defienden diciendo que pagan impuestos por las terrazas. Este argumento es falaz y los delata como defraudadores fiscales, ya que no están pagando impuestos por el suelo público que ocupan en exceso más allá de lo estipulado en el permiso municipal de autorización de la terraza. Por eso no exhiben el permiso en el exterior del negocio, como es obligatorio, para evitar que podamos cuantificar el tamaño del fraude.

Habría que evitar los movimientos especulativos que concentran los mejores negocios de restauración de Las Canteras en los recién llegados, empresarios extranjeros con un gran poder económico. Estos, que incumplen gran parte de las ordenanzas sobre las terrazas en las zonas peatonales, están acaparando todo lo mejor del negocio turístico y de ocio de primera línea y su entorno, en perjuicio de la restauración propiedad de canarios. Además, estos últimos solo pueden conformarse con locales situados más alejados de la joya de la corona.

Empresarios canarios que no defraudan en materia tributaria porque no tienen terrazas, ni legales ni ilegales, empresarios canarios que estarían encantados de tener la posibilidad de tener un negocio cercano a la playa de Las Canteras. Empresarios que tienen tradición, historia y sienten amor por su tierra.

La sociedad civil esta comenzando a organizarse frente a los abusos mencionados.

Un ejemplo fue la lucha de los vecinos de la calle peatonal de Joaquín Costa, lo cuales hicieron valer sus derechos haciendo cumplir la normativa.

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