A primera hora de la mañana, desde mi ventana abierta a Las Canteras, miro hacia Santa Cruz mientras leo en la prensa que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la movilización de tres hidroaviones para combatir el incendio forestal de Tenerife.
Me resulta indignante que Canarias, cuyo territorio alberga cuatro Parques Nacionales, tenga que sofocar los graves incendios a la espera de los medios aéreos de la Península, que suelen llegan tarde por su lejanía geográfica, cuando el fuego ya está descontrolado.
Considero que cada Parque Nacional –el Parque Nacional del Teide, en Tenerife; el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote; el Parque Nacional de Garajonay, en la Gomera; y el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, en La Palma– debería establecer un “plan de autoprotección permanente” para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación exigidos por la declaración del estado de emergencia. Brigadas de bomberos, dispositivos de prevención y refuerzo, medios terrestres y aéreos de extinción, bocas de incendios equipadas, ambulancias, puestos de primeros auxilios, etc.
El régimen jurídico de protección establecido en la Ley de Parques Nacionales (<<BOE>> núm. 293, de 04/12/2014. Artículo 15. Objetivos. Promocionar y reforzar la imagen exterior de nuestros parques nacionales y el papel internacional que desempeñan las políticas españolas en esta materia) debería ser suficiente para exigir de forma inmediata la planificación y gestión de los recursos necesarios a la hora de afrontar los problemas relativos a la conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad en el ámbito rural.
Es hora de reivindicar nuestros derechos y elevar nuestra protesta a las autoridades competentes para hacer frente a una catástrofe medioambiental de interés nacional y europeo.
Teresa Iturriaga Osa
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