La Unión de Socorristas Islas Canarias (USIC) ha hecho público un comunicado en el que asegura que el Plan de Seguridad de la playa de La Laja no se estaba cumpliendo el pasado 21 de julio, día en el que falleció la menor Fabiola Mbulito por ahogamiento. El sindicato sostiene que ese incumplimiento no era un hecho puntual y afirma que la situación continúa sin ajustarse íntegramente a lo previsto en dicho plan.
En el documento, la organización sindical comienza trasladando su pésame a la familia de la menor y expresa su apoyo a la socorrista que participó en el rescate y al resto de profesionales que intervinieron en la emergencia. USIC considera que «ningún trabajador que se lanza al agua para intentar salvar una vida merece convertirse en el centro del debate público» y entiende que la atención debe centrarse en la organización del servicio y en el cumplimiento de las medidas preventivas.
Uno de los principales argumentos del comunicado es que el dispositivo de vigilancia previsto en el Plan de Seguridad no estaba completamente desplegado el día del accidente. Según el sindicato, el documento aprobado por el Ayuntamiento establece para la temporada alta una dotación de siete efectivos -un responsable, un patrón de embarcación y cinco socorristas-, mientras que el 21 de julio prestaban servicio cuatro profesionales: un responsable, un patrón y dos socorristas. Además, asegura que el puesto de vigilancia más próximo al lugar donde ocurrió la tragedia permanecía inoperativo.
USIC recalca que no afirma que una mayor dotación hubiese evitado el fatal desenlace, ya que considera que esa valoración corresponde a la investigación que se lleve a cabo. No obstante, sostiene que tampoco puede asegurarse que el resultado hubiera sido el mismo cuando, según denuncia, el dispositivo previsto en el propio Plan de Seguridad no estaba desplegado en su totalidad.
El sindicato también critica que, tras el accidente, se hayan incorporado nuevos elementos materiales en la playa, como un mástil, mientras -afirma- siguen sin cubrirse los recursos humanos contemplados en el plan. «Los planes de seguridad no salvan vidas por existir; las salvan cuando se cumplen», señala el comunicado, que insiste en que la prevención depende principalmente de disponer de suficiente personal y de una correcta organización del servicio.
Asimismo, USIC rechaza las acusaciones de oportunismo y recuerda que lleva años denunciando la falta de personal, el incumplimiento de los cuadrantes, la ausencia de sustituciones y el deterioro del servicio, asegurando que estas reclamaciones son anteriores al fallecimiento de la menor y que incluso mantienen una huelga desde hace cerca de un año.
En la parte final del comunicado, la organización sostiene que el Ayuntamiento, como administración que aprueba el Plan de Seguridad, adjudica el servicio y supervisa su ejecución, tiene la obligación de exigir que el contrato se cumpla conforme a las condiciones establecidas. Por ello, considera que el debate debe centrarse en determinar si el dispositivo de prevención y vigilancia funcionaba de acuerdo con lo previsto y no en la actuación de los socorristas que participaron en el rescate.
Fuente: comunicado
