El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº4 de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado la medida cautelar de paralización de las obras de acceso al Confital tras la celebración de una vista esta mañana en la que el Ayuntamiento ha defendido la legalidad del proyecto aportando todas las autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra.

“Se ha puesto de manifiesto con la documental aportada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Resolución 29/2023, de fecha 13 de febrero de 2023, en un examen provisional, previo e indiciario, propio del cauce de las medidas cautelares, que las obras realizadas se encuentran autorizadas, y afectan a la zona de servidumbre de tránsito, protección y dominio público marítimo terrestre para la Mejora de Accesibilidad en el Litoral en El Confital y Las Canteras, TM de Las Palmas de Gran Canaria, tanto en lo que afecta al tratamiento de taludes como a la ejecución de muros o renovación de los existentes sobre la pista, instalación de elementos de contención anclados y adaptados a la morfología del terreno, ensanchamiento de los márgenes de la vía mediante pequeños desmontes y perfilado de taludes etc y que constan todas las autorizaciones pertinentes”, señala el auto.

En el auto se recoge que “el interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar las consecuencias de dicha ejecución sin que baste una mera invocación genérica”. Frente a ello el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto que “las obras realizadas se ajustan al Proyecto y que la información del mismo se encuentra en la Plataforma de Contratación del Estado, y que es posible el acceso a la misma ”,tal y como señala el auto judicial.

Una vez oído los argumentos de la Corporación y examinada la documental aportada por el ente local, la jueza entiende que el Ayuntamiento acredita que la zona presenta riesgos para las personas que se manifiestan sobre todo cuando se producen lluvias torrenciales por los desprendimientos que conllevan, y que ya han producido daños a terceros, que hay problemas de acceso a la zona, circunstancias todas ellas que viene a paliar el Proyecto de Mejora que viene ejecutando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

“Lo cierto es que todas las laderas son de roca volcánica, y por tanto su afectación es necesaria para la ejecución de las obras aprobadas y protección de caída de material que pueda causar perjuicios, por lo que examinados los intereses en juego ha de concluirse que ha de atenderse al interés general y no al manifestado por la Asociación”, recoge el auto.

“Se ha puesto de manifiesto por la Administración local que la zona presentaba riesgos que se tratan de evitar con la realización de las obras que se realizan a través del proyecto autorizado y subvencionado por la Comunidad Autónoma, tales riesgos se manifiestan sobre todo cuando se producen lluvias torrenciales que conllevan desprendimientos y han producido daños a terceros, tratando de evitarse además los problemas de acceso que supone el estado anterior al inicio de las obras, existiendo áreas deterioradas por la erosión y la acción del hombre, que conllevan tales desprendimientos de laderas, por ello, frente al derecho alegado por la recurrente en su escrito de solicitud de medida cautelar, afirmando el derecho de acceso a la costa por las servidumbres de acceso al mar, a estacionar en servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre y disfrutar de la costa conforme a las prácticas generales en Canarias, ha de prevalecer el derecho a la seguridad y accesibilidad invocado por la administración pública, y procediendo en consecuencia levantar la suspensión acordada con carácter cautelarísimo, concretándose la realización de la obra, en mejores condiciones y mayor seguridad para los ciudadanos”, señala también el auto.

Además el documento refleja que “un representante vecinal de la zona, ha manifestado que desde noviembre del año pasado la información se encuentra en la Plataforma de Contratación del Estado, y que es posible el acceso a la misma, habiendo accedido a ella esta asociación sin problema, por lo cual, en este momento procesal, al menos indiciariamente, no puede afirmarse la privación de los derechos que se afirma por AMAGA”.

Finalmente, la jueza señala en el auto que “ha de atenderse al interés general y no al manifestado por la asociación y que ha de prevalecer el derecho a la seguridad y accesibilidad invocado por la administración pública” y, por ello, ha ordenado el levantamiento de la suspensión acordada con carácter cautelarísimo para que se lleve a cabo la obra.

Tras la comunicación del auto judicial al consistorio, el Ayuntamiento va a continuar con las obras a partir de este martes. NOTA DE PRENSA