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El ruido real frente al ruido político

El equilibrio entre el derecho al descanso, la actividad económica y el derecho al ocio siempre ha sido complicado, muy exigente.  Se trata de un trinomio tan frágil que sólo con las ideas muy claras, normas y criterios transparentes y, sobre todo, gestión diaria, pueden darse ciertas garantías para su mantenimiento. 

Sin embargo, lo que se está viviendo en Las Palmas de Gran Canaria en relación a la contaminación acústica, los problemas de convivencia y los ruidos del ocio, ha sobrepasado con creces los episodios puntuales para expandirse como uno de los principales problemas enquistados que tiene hoy nuestra ciudad. La proliferación de denuncias vecinales y de conflictos judiciales a este respecto son tan incomprensibles que hemos intentado encontrar una razón del creciente descontento vecinal y la incesante conflictividad de los últimos años. En efecto, algo siempre complejo de equilibrar se termina pudriendo cuando la gestión desaparece por completo.

Primer ingrediente de este cóctel molotov: el disparate de las terrazas. Llevamos más de un año y medio sin norma alguna que ampare lo de las terrazas exprés; sin criterios políticos y, por tanto, con desamparo técnico. Terrazas sin gusto, ni calidad alguna que han aparecido como por arte de magia en los lugares menos adecuados; terrazas que han crecido sin control alguno empeorando los problemas que ya existían en los puntos negros; ausencia de autorizaciones por carecer de norma para poder autorizar y todo ello acompañado de declaraciones públicas de los irresponsables de turno de que las llamadas terrazas exprés se iban a autorizar mediante un procedimiento concreto. Sencillamente no existe, no se ha hecho y nadie está en ello. Más de un año y medio como pollos sin cabeza a cuenta de las terrazas, lo que provoca que por unos pocos incumplidores e irrespetuosos con la convivencia, paguen muchos que sí cumplen, que tienen respeto por los vecinos y que han puesto terrazas de calidad como espacios de convivencia vecinal y reclamo turístico.

¿Saben qué sucede cuando alguien denuncia un comportamiento irregular en esas terrazas incumplidoras, como superficie desmedida, incumplimiento de horario o generación de ruidos? Que como no tienen autorización se ordena su retirada en 10 días, pero, o bien la notificación no le llega al titular, porque el Ayuntamiento llevaba sin contrato con Correos desde hace dos años, o cuando le llega el titular no la retira, pues nadie del Ayuntamiento se preocupa después en hacer cumplir sus propias resoluciones. El Ayuntamiento lleva años y años, los que lleva este Grupo de Gobierno al frente de la ciudad, sin retirar ni una sola terraza incumplidora de las mínimas normas de convivencia, aunque tienen resoluciones ordenando su retirada. Se han puesto sin autorización, incumplen todo lo que desean y saben que absolutamente nada les pasa. ¿Cómo garantizar equilibrio así? Si esto les parece grave, esperen a conocer el segundo ingrediente.

Segundo elemento de la bomba acústica: la Policía Local no hace mediciones de ruidos desde el año 2019. De hecho, la unidad especial de la Policía Local especializada en los espectáculos públicos y el ocio nocturno, la que velaba por el equilibrio entre descanso y ocio, expertos en toda la normativa de locales, unidad llamada GRUPE, se ha desmantelado de facto desde ese año. A los vecinos, cuando tienen problemas en sus casas del ruido de un local, si la Policía les ha cogido el teléfono (el 092 lleva más de 2 años que no puede recibir varias llamadas al mismo tiempo) les dice que ya no realizan mediciones, que llamen al Servicio de Actividades del Ayuntamiento, servicio que trabaja de lunes a viernes en horario de mañana, como todo el mundo sabe. 

Cuando el vecino denuncia ante ese servicio la situación reiterada de ruidos de un local que llegan a su casa, se abre expediente, cuya notificación no llega al titular del local, ya saben, sin contrato con correos o sin notificadores suficientes en el Ayuntamiento. Mientras, el local cada noche que continúa incumpliendo. Los técnicos municipales solicitan a Policía que certifique lo denunciado (semanas después) y la Policía ha recibido la instrucción de que bajo el argumento de que no son técnicos de sonido, no pueden certificarlo. El vecino tiene que realizar sus propias mediciones, correr con los costos, e insistir durante meses para al final terminar contratando a un abogado(a) y acudir al amparo judicial ante la indefensión demostrada por su Ayuntamiento. Esta es la historia que no para de repetirse durante los últimos años.

Cuando en el mejor de los casos se consigue una orden de precinto por reiterados incumplimientos demostrados, el negocio cambia de nombre, de titular, presentan nuevos papeles que nadie comprueba in situ en el establecimiento, y otra vez a empezar. ¿Por qué? Pues porque nadie del Ayuntamiento realiza inspecciones en los locales, no ya aleatorias, que sería lo normal, para ver si las condiciones de la licencia de actividad se corresponden con la realidad del local, sino ni tan siquiera en los que tienen antecedentes de denuncias de todo tipo. Y no crean que es culpa de los técnicos municipales, a dos manos e intentando apagar fuegos constantes, o de los efectivos de la Policía Local, sin personal suficiente, sin vehículos por vencimiento del contrato de renting y hasta sin ropa adecuada, que cumplen las órdenes e instrucciones que emanan de la alcaldía. Es, sencillamente, responsabilidad directa de quienes no se dan cuenta que un Ayuntamiento es gestión diaria y permanente, que en el día a día de las calles de una ciudad sólo valen los hechos, el trabajo, los resultados. De los que no entienden que frente al ruido político que contamina las mentes, hay un rudo real que no deja descansar.

Ángel Sabroso.

Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria