El origen del problema radica en los errores cometidos (según Costas) por el Ayuntamiento en la solicitud de renovación de las concesiones, cuya vigencia de 30 años había expirado el año pasado.

El Gobierno de Canarias ya había advertido de que las concesiones administrativas —que datan de 1993 y 1994, y que cubrían el paseo desde La Puntilla hasta La Cícer— habían caducado.

La documentación remitida por el Consistorio para la prórroga fue devuelta por Costas al presentar deficiencias e información incompleta, lo que mantiene en suspenso la titularidad y el control de este espacio, de vital importancia para la ciudad

Esta situación genera inseguridad jurídica sobre las actividades que tradicionalmente se celebran en el paseo, como el mercado artesanal o la explotación de terrazas.

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