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Canarias necesitaría aumentar 500 socorristas para ajustarse a la sentencia del TSJC sobre medidas de seguridad en playas

Nota de prensa de Canarias, 1500 Km de Costa

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que consideraba invasión de competencias por parte del Gobierno autonómico la regulación para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias en playas y otras zonas de baño marítimas, “supone un paso trascendental para garantizar la integridad física de miles de usuarios y refuerza la marca Canarias como destino turístico seguro”.  Así lo ha expresado el periodista experto en divulgación para la prevención de ahogamientos, y promotor de la plataforma ´Canarias, 1500 Km de Costa´, Sebastián Quintana.

Quintana: “Las partidas para seguridad acuática y prevención,  no son un gasto, son una inversión que hará de Canarias un destino más seguro todavía”

Para ajustarse al Decreto, aprobado el 30 de julio de 2018, Quintana estima que se deberán contratar entre 500 y 700 socorristas más a la plantilla actual que opera en el Archipiélago canario para cubrir todas las zonas de baño.

Justo, el principal escollo que generó la denuncia y rechazo de la FECAM al Decreto fue el capítulo de inversión, puesto que la norma recoge que los ayuntamientos deberán contar con un Plan de Seguridad y Salvamento (determinará el número de socorristas que debe tener cada playa, piscina natural o charco según unos criterios de riesgo establecidos en la propia norma).

“Y ello equivale a que los municipios deberán, sí o sí, contar con un capítulo presupuestario anual destinado a la prevención y seguridad de los más de 600 puntos de playas y zonas de baño”, añadió.

Si bien, desde que se aprobó el Decreto a día de hoy, muchas corporaciones locales han hecho un importante esfuerzo económico para adecuarse a la norma, “lo cierto es que en la actualidad, hay municipios canarios que este capítulo está mínimamente dotado en sus presupuestos”, matizó.

Ya en julio de 2019, Quintana, denunciaba “la más que posible paralización del Decreto sobre Medidas de Seguridad en Playas y Zonas de Baño de nuestra Comunidad Autónoma, un año después de ser aprobada por el Parlamento de Canarias, tras la interposición del citado recurso por la FECAM”. En este sentido, el experto afirma que esta “es una norma nacida con el objetivo de regular una nueva política de seguridad a través de la adopción de medidas de prevención, información, vigilancia, planificación e intervención en el litoral”.

Precisamente, el Decreto contempla la necesaria coordinación entre Gobierno de Canarias y ayuntamientos de las emergencias ordinarias y de Protección Civil en las playas y otras zonas de baño marítimas de Canarias.

La prevención no es un gasto, es una inversión  

Más allá del criterio económico, hay una realidad incuestionable: La primera causa de muerte por accidente en Canarias es el ahogamiento. Con una media anual de medio centenar de fallecidos y hasta 250 personas más atendidas por accidentes acuáticos, nuestro Archipiélago ha de apostar por hacer del nuestro un espacio Aqua-Protegido, como así lo aprobó el Parlamento de Canarias el pasado mes de julio.

Las partidas para seguridad acuática y, de facto, para la prevención,  no son un gasto, son una inversión que hará de Canarias un destino más seguro todavía, tanto para el turista como para el residente.

Consciente de las dificultades que algunos ayuntamientos se encontrarán para asumir el presupuesto en materia de seguridad en el litoral, Quintana confía en la colaboración periódica de otras instituciones supramunicipales para garantizar el cumplimiento a lo largo del tiempo de esta norma.

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