La reducción de la movilidad por la crisis de la COVID–19 ha provocado una mejora sin precedentes de la calidad del aire, también en relación al ozono troposférico. No obstante, casi 36 millones de personas han seguido respirando aire contaminado por ozono durante el verano de 2020 en el Estado español.

El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción concluye que el 76 % de la población y el 81 % del territorio han estado expuestos un año más a unos niveles insalubres de este contaminante.

Gobierno y comunidades autónomas siguen sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que eviten los episodios puntuales y reduzcan los elevados niveles de fondo.

El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 483 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, desglosados por comunidades autónomas.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que en verano afecta a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2020 sus niveles se han reducido de forma importante, interrumpiendo la tendencia estacionaria o al alza de los últimos años, como consecuencia de la drástica disminución de las emisiones de sus contaminantes precursores en la industria y en el transporte, por efecto de la crisis de la COVID–19.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2020 a 35,7 millones de personas en el Estado español, el 76 % de su población, así como a 408.000 kilómetros cuadrados, el 81 % del territorio. Es decir, tres de cada cuatro españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado sería de 4,4 millones de personas, un 9 % del total y entre cinco y siete millones de afectados menos que en años anteriores, la cifra más baja desde la entrada en vigor del objetivo legal, en 2010. Es decir, uno de cada diez españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal de ozono.

– La frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha sido muy inferior a la de años precedentes, con un descenso de respectivamente el 56 % y el 41 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, y una caída drástica en las superaciones del umbral de información. No obstante, se aprecia un aumento de las superaciones en varias aglomeraciones y estaciones urbanas de tráfico.

– Durante 2020, los territorios más afectados por el ozono troposférico se han repartido entre las comunidades de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, el interior de Cataluña y Comunitat Valenciana, la ciudad de Córdoba y, al norte de ésta, la zona industrial de Puente Nuevo. Una treintena de zonas repartidas entre nueve comunidades autónomas han seguido incumpliendo el objetivo legal, en el trienio 2018-2020.

– La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español. Las personas más afectadas son niñas y niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.

– El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El índice de calidad del aire aprobado por el Gobierno califica como regulares niveles de ozono que pueden ser dañinos para la salud. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y sólo Valladolid aplica medidas de limitación del tráfico en episodios.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación. Pero diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. Por vez primera, el Tribunal Supremo ha declarado en 2020 la obligación de dichas administraciones de elaborar tales planes.

– Ecologistas en Acción reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que agilice el Plan Nacional de Ozono comprometido hace años y anunciado por la Ministra en septiembre, al que remiten muchas comunidades para justificar su inactividad. El vigente Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica no tiene el detalle ni los mecanismos suficientes para que las autoridades regionales adopten medidas efectivas para reducir los niveles de ozono.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables. También es necesario agilizar el Área de Control de Emisiones acordada para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.

– La crisis de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia viene a corroborar que la reducción de las emisiones de precursores sí es efectiva para combatir la contaminación por ozono.